El día 26 de enero, Mauricio Macri lanzó una fundación que lleva su propio nombre. En pleno año electoral, y a las apuradas, el ex Presidente reafirma una de las banderas de campaña de la oposición, que seguirá siendo el debate educativo. Además, como empresario, decide finalmente adentrarse en la “industria de la educación”. Esto es, para que quede claro, la mercantilización educativa. Hagamos un breve repaso histórico, tedioso pero necesario:
La política aplicada por el gobierno menemista durante la década del ´90 consolidó la penetración de diversos organismos financieros internacionales en nuestro sistema educativo. Al día de hoy, estos organismos siguen interviniendo, aplicando reformas y haciendo de la educación una herramienta para apuntalar la hegemonía del mercado.
Con la transferencia de los establecimientos nacionales a las distintas jurisdicciones y la sanción de la Ley Federal de Educación, en 1993, se completó la desarticulación del sistema educativo nacional. La falta de presupuesto para que las provincias pudiesen sostener las reformas exigidas generó un progresivo deterioro del sistema estatal. Este deterioro, sumado a la campaña de desprestigio sostenida por el gobierno nacional y los grandes medios de comunicación, desembocó en un robustecimiento de la enseñanza privada, favorecida a su vez por numerosas medidas de desregulación. En el imaginario social, el concepto de “calidad” comenzó a vincularse directamente con este sector privado, colocando a la escuela pública como un espacio “de contención” para los sectores más vulnerables.
Con el fortalecimiento de la enseñanza privada se fue transformando a la educación en un producto de consumo. Grandes organismos financieros internacionales -como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros grandes bancos privados de Europa- se abrieron paso sobre el sistema educativo, otorgando préstamos a condición de dirigir determinadas reformas que apuntaban al fortalecimiento del sistema productivo. La educación perdió gran parte de sus bases fundamentales y pasó a ser un objeto comercial que podía comprarse y venderse.
Mientras las políticas de fragmentación, la desregulación y la falta de presupuesto deterioraban el sistema público, les docentes comenzaron a ser el centro de la crítica y gran parte de las reformas eran orientadas a modificar el sistema de formación y el régimen salarial. Por ejemplo, la UNESCO proponía reformular el esquema remunerativo de les docentes mediante la asignación de incentivos y bonificaciones según productividad; el Banco Mundial, por su parte, planteaba la necesidad de controlar el conocimiento proporcionado en los institutos de formación superior a partir de la contratación de profesionales evaluados previamente. De esta forma, la calidad educativa pasaba a ser medida en función de que maestros y maestras alcanzaran resultados inmediatos, en sintonía con las demandas del mercado y la modernidad tecnológica.
En una investigación realizada por el Observatorio de las Elites del CITRA se detalla cómo, a partir del año 2015 y con la victoria de Cambiemos a nivel nacional, se produjo un nuevo proceso de avance sobre el sector público, ampliando el poder de influencia de las fundaciones y ONGs del ámbito educativo. Esto fue posible dado los fuertes vínculos existentes entre empresarios y funcionarios del nuevo gobierno. El cruce de este tipo de relaciones entre el ámbito público y el privado ocasiona, en general, conflictos de interés que erosionan la autonomía estatal a la hora de diseñar políticas públicas. Esto ocurre, desde luego, porque el Estado y las empresas persiguen, o deberían perseguir, fines diferentes.
En este informe, dirigido por Ana Castellani, se señala también un mecanismo de “puerta giratoria” que funciona en dos sentidos: la entrada, desde una fundación/ONG hacia la función pública; y la salida, desde la función pública hacia la fundación/ONG. ¿Les suena familiar?
A nivel empresarial, la educación es un negocio que tiene por objetivo la configuración del mercado laboral en función de determinadas necesidades. Bajo un discurso desinteresado y altruista, estas organizaciones de la sociedad civil -financiadas principalmente por grupos económicos que en general no tienen vinculación con la provisión de servicios educativos- instalan sus propios temas en la agenda pública, promueven valores particulares e intervienen en la planificación de estas políticas educativas a fin de ampliar y fortalecer sus propios intereses.
Con los años y desde diversos frentes, el macrismo se ha ocupado de cuestionar la profesionalización docente. Quebrar la confianza en la formación y el trabajo desempeñado por les trabajadores de la educación es uno de los pilares fundamentales en este proceso. Sin ir más lejos, en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña han avanzado con el proyecto de la UniCABA, buscando concretar el desmantelamiento de los 29 institutos de formación existentes. Ahora, a nivel nacional, Mauricio Macri instala un discurso renovado: “Tenemos que asumir que la educación es algo demasiado importante para dejarla solo en manos de ministros y delegados sindicales”. Ya no se cuestiona solamente el lugar de les trabajadores y sus organizaciones gremiales, sino que comienza a deslegitimarse el rol de las autoridades políticas del propio Estado, para abrir el camino, claro, a la oferta privada. Así, el ex Presidente lanza su propia fundación, anunciando programas que lo introducen en el negocio de la capacitación docente y que alimentan la concepción de una educación cuyo único objetivo es cubrir las demandas del sector productivo al que él mismo pertenece.
¿Quiero decir, con esto, que no corresponde a la escuela brindar la formación y las herramientas necesarias para que les estudiantes puedan desarrollarse luego en el mundo del trabajo? Claro que no. Lo que quiero decir es que, para quienes defendemos la escuela como espacio de inclusión y la enseñanza desde el pensamiento crítico, la educación de ciudadanos y ciudadanas que sean sujetos plenos de derecho implica mucho más que la inserción en el mercado laboral.
Lejos de las discusiones con las que alientan continuamente la desconfianza en nuestro trabajo y en las instituciones de nuestro sistema educativo, lo que vuelve a estar en juego es el sentido de la educación: ¿Para qué se educa? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes deben diseñar las políticas educativas? ¿Con qué fines? ¿Cuál es el rol de los distintos actores de la comunidad educativa en este proceso? ¿Qué lugar le asignamos a la escuela? Y no nos confundamos. En estas preguntas, siempre presentes y válidas para quienes habitamos este mundo, la grieta existe: estamos quienes entendemos a la educación como un derecho y están quienes la entienden como una mercancía; estamos quienes defendemos una educación emancipadora y están quienes pretenden poner el conocimiento al servicio de sus propios intereses.
