En lo que llevamos de cuarentena, al menos seis repartidores de las aplicaciones de delivery perdieron la vida en hechos de tránsito, dejando al desnudo una estructura laboral con un alto grado de precariedad. El gobierno busca regular la actividad, con un proyecto de ley que alcanzaría a unos 60 mil trabajadores.

​Una actividad que, en cuestión de días, pasó de ser ilegal a esencial. Pre pandemia, el delivery era una parte menor del negocio de los comercios, mientras que hoy representa prácticamente el 100% del ingreso de los locales que permanecen abiertos. Pero, hete aquí que los trabajadores de estas cuatro empresas transnacionales -Pedidos Ya, Glovo, Rappi y UberEats- carecen de los derechos más elementales, como ser una cobertura de salud, seguridad social, indemnización por despido, licencia por maternidad, viáticos, vacaciones y elementos de protección personal.

​Regidas por un esquema de rankings que fomenta la sobre exigencia y la competencia interna, la gran mayoría de estos trabajadores excede las 50 horas de trabajo semanal -lo que marca la ley-, en tanto que cada plataforma tiene un sistema de premios y sanciones para administrar la aceptación y el rechazo de pedidos.

​Desde que arrancó la cuarentena, los repartidores de las apps llevaron adelante cuatro paros generales, con movilización al Ministerio de Trabajo, reclamando que se les reconozca la relación de dependencia existente, un aumento de la comisión, mejores condiciones laborales y la entrega de elementos de higiene. “Somos trabajadores, no colaboradores. Nuestras jornadas de trabajo son interminables, y encima nos hacen competir entre compañeros por pagos insignificantes”, manifestaron desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto.

​El Ministerio de Trabajo impulsará la creación de un estatuto por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), a fines de combatir la informalidad y ampliar la cobertura de derechos para los repartidores. Este nuevo estatuto tendría sus propios mecanismos de definición de la jornada laboral, cobertura de salud, seguros e indemnización. Se buscaría, también, encuadrar a las compañías como empleadoras sujetas a obligaciones previsionales e impositivas de las que hoy están exentas. Juan Manuel Ottaviano, asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), declaró que “el desafío es crear derechos donde no los hay, y que para eso es preciso aumentar la inversión tecnológica y apartarse de la precariedad laboral”.

​Ya en marzo, el diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Koenig, había presentado un proyecto de ley para abordar el asunto: “Encontramos que había un vacío legal, una actividad laboral no regulada. Me metí de lleno a desarrollar el proyecto, y para eso consulté con los sindicatos que están implicados”, afirmó. Se mostró cauteloso, sin embargo, en relación a los plazos que pudiera tener el tratamiento, dado este contexto de crisis: “Hoy, los tiempos son insospechados por la pandemia. Creo que va a demorarse, fundamentalmente por el lobby de las empresas interesadas en que la actividad no se regule. El trabajo a través de las plataformas llegó para quedarse y debe ser regulado, reconociendo a los repartidores y a todas las demás personas empleadas por estas plataformas como trabajadores”.

​Mientras que el proyecto de Koenig encuadra en el marco laboral vigente por ley, garantizando un piso mínimo de derechos, cualquier estatuto por fuera, si bien puede paliar algunas cuestiones, implica una perforación de esa base y una legislación a la baja.

​En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley considerando a las empresas como simples intermediarias entre trabajadores y usuarios y desconociendo así la relación de dependencia existente. Este intento del oficialismo porteño no logró prosperar por no contar con la mayoría necesaria para tratarla en el recinto.

​La consolidación del modelo neoliberal incluye una reconfiguración en el mundo del trabajo. La apertura indiscriminada a los capitales transnacionales y la desregulación del mercado laboral, fueron, allá por los ’90, los puntales para avanzar sobre los derechos, imponiendo informalidad y precarización. Hoy, a treinta años, la irrupción vertiginosa de las plataformas digitales viene a confirmarnos que las condiciones a la baja son la regla del sistema, y no la excepción.