Hace 30 años, redondos, se sancionaba una de las leyes más importantes y recordadas del gobierno menemista: la 23928/91 de Convertibilidad del Austral. El famoso “1 a 1” constituyó uno de los pilares, sino el pilar, de la política económica menemista -sostenida luego por la Alianza- y marcó una época muy peculiar. Podemos pensar los noventa como un tiempo signado por una construcción hegemónica que se propuso, por un lado, enterrar algunas modalidades históricas que había en nuestro país, y por otro, consolidar un nuevo tipo de vínculo entre Estado y sociedad. Un vínculo que se sostendría, precisamente, en esa clausura, inaugurando un nuevo orden. 

Recordemos que la asunción anticipada de Menem se produjo en un traumático 1989 -su minucioso análisis merecerá otra entrega-, marcado por el levantamiento de La Tablada, las elecciones, la hiperinflación y todas sus consecuencias. En el plano internacional, en tanto, observábamos la caída del muro de Berlín y el fin de 40 años de Guerra Fría, con un capitalismo arrogante en su victoria -preludios del Consenso de Washington-. A partir de ahí, podemos encontrarle coherencia a dos tipos de discursos aparentemente contradictorios, pero que comenzaban a converger: la idea de una Argentina que ingresaba en un ciclo de grandes transformaciones históricas, al compás de la globalización, y esa otra corriente que hablaba de que la Historia había llegado a su fin (Francis Fukuyama dixit). Junto a ella, se derrumbaban las ideologías, el Estado, el trabajo e incluso el sentido más hondo de las cosas. Este nuevo corte histórico, dado aquí por la victoria de Menem, tendría tres consignas: reconciliación, modernización y convertibilidad. En esta última nos centraremos.

A la sanción de la ley de Convertibilidad llegamos con año y medio de gestión menemista y una arena económica que entremezclaba planes y resultados diversos, pero con algunos ejes en común que empezaban a despuntar. Ni bien asumido el nuevo gobierno ¿peronista?, la economía ya estaba bajo custodia de funcionarios estrechamente ligados al conglomerado Bunge y Born. Se puso en marcha una canallesca práctica de privilegiar a poderosos grupos económicos internos, en desmedro de vastos sectores populares. En esta etapa inicial, se aprobaron dos leyes cruciales: la de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica. El marco internacional era el Plan Brady de reestructuración de deudas, a mi juicio poco recordado. Luego, en una segunda etapa (desde diciembre de 1989 hasta febrero de 1991), se impuso el sello personal del flamante ministro Antonio Erman González: durante su gestión, desplegó cinco planes, de los cuales el más recordado sería el nefasto Plan Bonex. 

Como señala el historiador Mario Rapoport, los objetivos primordiales de cada “Plan Erman” fueron sanear las finanzas públicas, controlar la emisión monetaria, privatizar algunas de las empresas públicas más importantes, liberalizar el mercado de cambios y reestructurar la deuda pública interna. ¿Por qué es menester mencionar todo esto? Porque, sin este período de acondicionamiento previo, difícilmente se podría haber establecido la paridad 1 dólar 1 peso. De la misma manera, no podemos entender este período omitiendo la relevancia que el neoliberalismo estaba teniendo a escala mundial. El teórico británico David Harvey ya lo definía entonces como una “teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por el derecho a propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio, donde el papel del Estado se limite a crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas”. 

Ya estaba claro que el neoliberalismo era un conjunto de ideas acerca de la sociedad, del derecho, de la cultura, de la educación, etc. Es sobre la unión entre este programa neoliberal y el liderazgo de Carlos Saúl, como se construye el “menemato”. Lo que hace la convertibilidad es darle cuerpo a una ideología neoliberal, cuyas nociones de monetarismo -los “Chicago Boys” de Milton Friedman- estaban perfectamente encarnadas en la figura de Domingo Felipe Cavallo, el flamante “súper-ministro” de Economía. La conversión no era una novedad en nuestra historia, pero sí lo era la paridad igualitaria con el dólar, la moneda de la potencia hegemónica. De este modo, el gobierno argentino estaba atando de pies y manos su política monetaria -para el monetarismo, la emisión es herejía- a los ingresos de la divisa estadounidense, merced de exportaciones, inversiones extranjeras, préstamos y privatizaciones. ¿Qué significaba esto? Un golpe en el mentón a la ya deteriorada industria nacional, por los efectos negativos lógicos de un dólar barato: pérdida de competitividad, pérdida de puestos de trabajo, menos consumo y menos producción. De las promesas de campaña -“revolución productiva” y “salariazo”-, ni un atisbo. Para el historiador Tulio Halperin Donghi, esto se presentaba paradojal: el gobierno peronista de Menem había venido a darle sepultura a la “sociedad peronista”, tarea que ni siquiera el gobierno genocida de 1976 había alcanzado a completar. 

Quizás debimos haber prestado más atención a las fallidas palabras de Cavallo, en su presentación de la convertibilidad. Ahí bien se podía vislumbrar un futuro poco alentador: “El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurado y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una MENT… una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años, me atrevo a decir que por décadas”. Justo una década más tarde, Mingo tenía que salir a poner la cara, por esa medida/mentira que tenía los días contados. Las que gozan de buena salud, son las secuelas de su gestión: las vemos todos los días cuando salimos de casa, en las miles de Maias que nacen, viven y se mueren, sumidas en la pobreza.