Esta columna de #OtraEconomía nació entre charlas sobre una actividad que, en solo 20 años, pasó de ser el descarte de nuestro país -simbólico y real, ya que hablábamos de basura, residuos y reciclado- a transformarse en puntal de la organización del trabajo no registrado y el cuidado de un medioambiente cada vez más golpeado. Vayan sabiendo que acá nos vamos a permitir algunos paréntesis, porque yo escribo como vivo, y lo primero que les propongo, si les interesa pensar en un desarrollo económico que cierre con el medioambiente adentro, es que se peguen una vuelta por acá.

Dicho esto, hoy venimos con otro tema, uno más viejo que la humedad. La discusión eterna -acá y en todo el mundo- de los planes sociales y el trabajo, de la asistencia directa y la autonomía económica, del crédito y el subsidio. Me motivó, como muchas veces, una vivencia personal, esta vez una conversa sobre el futuro de un espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires y ese dilema de cuándo es momento de dejar de tirar la soga y pasar a otro nivel de ayuda, uno que estimule proyección y crecimiento. La metáfora aburridísima del pescado y enseñar a pescar, siempre presente. Por favor, sentémonos a pensar e inventemos otras.

La discusión plan social versus trabajo nunca sale de escena -menos en los años impares-, pero ahora tenemos una novedad, y es que la pandemia la ha reimpulsado. Sirvan de ejemplo algunas frases recogidas en este último tiempo: “Este año mi tarea es transformar planes sociales en trabajo”, dijo Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación; “El Estado tiene que garantizar trabajo. El esquema plan social empieza a agotarse”, dijo María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires; “Hasta que la gente que recibe planes sociales no deje de votar, hasta que los presos no dejen de votar, ellos tendrán clientela asegurada”, dijo Alfredo Casero, ex cómico, hoy no se sabe; “Yo no hablo de recortar planes sociales, son víctimas del sistema. Tenés que ayudarlos a que salgan trabajando”, dijo Javier Milei, aparentemente economista; “En las fábricas, sobre todo en el interior del país, la gente quiere trabajar en negro, para no perder el subsidio”, dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

De paso, les dejo una perlita de un momento que hoy, con el diario del lunes, bien podríamos definir como el principio del fin. Y valga una aclaración: no hace falta rasquetear mucho para reconocer qué piensa este cronista de un tipo como Funes de Rioja, pero su apreciación no es desdeñable si desechamos su humareda ideológica. No solo por la aritmética propia de las vivencias cotidianas -“al primo de mi amiga le pasó”-,sino porque revela la complejidad de solucionar este dilema, cuando no hay una proyección a largo plazo y no se combinan las herramientas y los recursos.

Pongamos segunda, entonces. Uno de los argumentos centrales de la crítica al gasto público en estas prestaciones -que merecerían una nota en sí, porque los hay nacionales, provinciales, municipales, con y sin contraprestación, con condicionantes, temporales y permanentes- es que el problema es el modelo económico. Veamos sino esta columna del economista Enrique Szewach, como respuesta a un pensamiento del presidente Alberto Fernández, algunos días atrás. Uno, por cierto, más complejo y menos burro que el de los barcos, la selva y los indios.

La argumentación de Szewach no aporta absolutamente nada nuevo. De verdad. Es una cadena de proposiciones sin contexto que podría resumirse así:

1) Las personas son más productivas si sus capacidades individuales son respaldadas con un empleo formal.

2) Más capitalismo, más torta y mejor reparto: un sistema que ha sacado a millones de la pobreza.

3) Si esto no ocurre, es culpa de un marco institucional y un estatismo que estimulan la mendicidad.

El contexto lo es todo, y sin embargo uno nunca lo termina de encontrar en esta clase de escritos. Pongamos el caso Vicentin: jamás me topé con la pregunta sobre si no convendría tener una empresa testigo estatal, como Canadá o Australia, en uno de los rubros como el de la exportación de granos, en que somos potencia mundial. Siempre citando países nórdicos, pero sin registrar que sus modelos son sustentables con una presión impositiva -que los horrorizaría- del orden del 42 o 43%, o que las industrias estratégicas en Noruega son estatales -petróleo, gas natural, minerales, madera, pescado y agua fresca-, o que en Finlandia no existe la educación de gestión privada. ¿Querés más? No precisan ningún Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, porque lo cobran todos los meses. Sí, es un impuesto. Sleepy Joe parece que ya se avivó.

El otro argumento es que la guita de estas prestaciones siempre es malgastada, pero, para no decirlo directamente, porque sería un poco brusco, recurren a imágenes pedorras como la canaleta o la aspiradora. No hace falta ir al fino, solo observemos algunas cifras: si tomamos el plan Potenciar Trabajo, que concentró las políticas de Salario Social Complementario (SSC) y el Hacemos Futuro, son 900 mil beneficiarios que estarán cobrando durante junio $12.200; esta cuenta nos arroja un total de $11.000 millones mensuales. Ahora bien, la asistencia COVID del Estado Nacional -una gran parte dirigida al sector privado a través del ATP- alcanzó los 5 puntos del PBI, superando el billón de pesos. Acá nomás, hace 60 días, se anunció una ampliación del programa Repro para contener los despidos y un bono que supondrá otra erogación de $16.000 millones. Si no me creen a mí, léanlo al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y ahí tendrán la dimensión de este salvataje.

Más allá de caracterizar y debatir, está claro que algo hay que hacer. ¡Mucho hay que hacer! Y de fondo. Cuarenta años de oscilaciones políticas, crisis y altísimas tasas de desocupación e informalidad, lo piden a gritos. Por un lado, es atendible la necesidad de incrementar la torta, como bien reclama Szewach, porque el PBI argentino está anclado en los 400 mil millones de dólares prácticamente desde 1973. Es un dato. Pero tengo otro. Atenti con esto: el INDEC informaba que la Población Económicamente Activa (PEA), al último trimestre de 2020, era de 12,9 millones de personas. Refresquemos la definición de PEA: son personas con una ocupación, o que, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar. Y, sin embargo, cuando uno desglosa la población de nuestro país, emerge que son más de 25 millones, las personas que tienen entre 18 y 64, es decir, las que estarían en condiciones de salir a trabajar. ¿Cómo, cómo? Hay algo que no cierra en estos números.

Para variar nos estamos quedando cortos con el espacio de esta nota. Pero exploremos un elemento más, antes de despedirnos: en mayo, el Ministerio de Desarrollo Social publicó una resolución para actualizar los datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo: ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué rubro o área están vinculados? Primer paso clave para cualquier política pública es la información, eso está claro. Ahora bien, sigamos la lógica arriba expuesta de Funes de Rioja: ¿alguien de verdad piensa, aunque sea por un microsegundo, que se puede sobrevivir con doce lucas y chirolas? Esa gente labura: más, menos, mejor, peor, ¡pero labura! Pinta, arregla, vende tortas fritas, carretea, cuida adultos mayores, vende garrafas, lapiceras bic o alfajores Capitán del Espacio. ¡Lo que sea! Si los vas a registrar para transformarlos en sujetos de derecho, pero para eso les vas a pedir algo a cambio, otra cosa más aparte de lo que ya hacen, y todo por la misma guita. Difícil, ¿no?

En la próxima nota vamos a seguir hablando de este asunto, porque necesitamos vivir mejor como sociedad, y hay #OtraEconomía construyéndose, para sostener ese sueño de una Argentina que alcance para todos y todas. Subsidios directos y créditos productivos, son la contracara de esta moneda que sigue girando en el aire. Hasta que caiga, y otra vez el trabajo dignifique.