Puede que no tengamos muy presente esta fecha, pero es necesario repasarla, revisitarla, para comprender un momento histórico singular y ciertas limitaciones en los procesos políticos posteriores. ¿De qué hablamos? De la reforma de la Constitución Nacional, promulgada por el ex presidente Carlos Menem allá por el 22 de agosto de 1994. 

Si de reformas constitucionales se trata, la historia argentina registra unas cuantas, es decir que el hecho en cuestión no reviste novedad ni originalidad. Incluso podríamos aventurarnos a señalar que cada una de las reformas refleja un clima de época, hecho carne en el texto reformulado. ¿Acaso es posible pensar la Constitución de 1949, descontextualizada y separada del peronismo? No. Y, de la misma manera, para hablar de la Carta Magna que nos guía en la actualidad, hay que remitirse al andar del menemismo hacia mediados de la década del noventa. Sumerjámonos pues en las aguas del uno a uno, de la globalización, el neoliberalismo y aquel peronismo transfigurado.

Como señalamos en la efeméride de la Ley de Convertibilidad, el proyecto menemista emergió triunfante gracias al encuentro entre un liderazgo político y un programa, que fue el neoliberalismo. Reconciliación -indulto a los máximos mandos de la dictadura; repatriación de los restos de Rosas-; Convertibilidad -el gran significante vacío de este período, intocable para propios y extraños- y una Modernización del Estado, fueron los pilares de ese encuentro. Vamos a detenernos en el último de los tres, considerando que incluso la UCR opositora había concedido la necesidad de modernizar el país.

En un mundo que se empeñaba en encaminarse hacia el fin de la Historia y de las ideologías, el viento soplaba irremediablemente en pos de un “futuro prometedor”. Algo de esto caló hondo en la política argentina, de modo tal que oficialistas y opositores parecían coincidir en el desplazamiento del lenguaje de la calle, instalándose decididamente en los sets de televisión. Y así se empezó a gestar una clase política que tenía el eje puesto en la “rosca”, actuando de espaldas a los intereses de la gente.

El renombrado Pacto de Olivos, concretado a fines del ‘93, consolidaba la idea de un proceso de despolitización, estableciendo un “núcleo de coincidencias básicas” que luego sería traducido en una ley (la 24309/93). En la jerga política, la palabra “gente” empieza a ocupar el lugar de “pueblo” -¿les suena?-. Más allá de que esta reforma haya impulsado la reelección de Menem, lo importante es cómo alteró el tablero de las percepciones y de las instituciones políticas, otorgando nuevos derechos y proponiendo otro tipo de vínculos entre los poderes públicos. Para bien o para mal, todo lo resuelto todavía perdura.

El abanico de transformaciones afectó a la cuestión dogmática -nuevos derechos y garantías- y también a la orgánica -organización de los poderes-. No vamos a hacer acá una enumeración exhaustiva de los cambios que se produjeron, pero sí podemos señalar algunos: reducción de 6 a 4 años de los mandatos presidenciales, con posibilidad de una reelección; creación de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros; ampliación de la facultad de legislación del Poder Ejecutivo, a través de los decretos de necesidad y urgencia (DNU); creación del Consejo de la Magistratura de la Nación, para el nombramiento de jueces; incremento de la cantidad de senadores -tres por provincia-; concesión de autonomía a la Capital Federal -ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires-; y rango constitucional para los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El espíritu epocal se filtra en ciertos pasajes del nuevo texto constitucional: lo podemos detectar, por caso, en el empleo de la palabra “consumidor”, en lugar de “ciudadano”. Ahí hay, evidentemente, un Estado que está al servicio del mercado, enmarañado en la lógica neoliberal. Y en este punto podemos pensar sobre si el hecho de no haber roto con ese marco normativo no fue un límite impuesto al gobierno kirchnerista, teniendo en cuenta que otros países de la región sí lograron avanzar en sus respectivos procesos. La pregunta cae por su propio peso: ¿puede impugnarse el neoliberalismo, sosteniendo una Constitución que está impregnada por el espíritu de su programa? ¿Estamos en condiciones, como sociedad, de dar esa discusión?

No debe soslayarse la unanimidad con que fue aprobada la reforma. Si bien en el marco de la convención constituyente se oyeron voces disidentes, con un Chacho Álvarez -Frente Grande- posicionándose sobre el margen izquierdo y un Raúl Alfonsín intentando ocupar el centro de la escena política, finalmente todas esas manos alzadas serían cómplices de la profundización de una brecha cuyas víctimas fueron los sectores que decían representar.

El gran acuerdo de la dirigencia política, lejos de ir perfilando una solución al país, no haría más que acrecentar esos problemas de legitimidad que la sociedad acarreaba desde antes. Con el correr de los noventa aumentaría la incertidumbre de la gente, a la par de los índices de desempleo, pobreza e indigencia. Ningún desprevenido pudo sorprenderse de aquel agobiante diciembre de 2001 y de la consigna que se cocinaba en la calle, al calor de los piquetes y de las cacerolas: el “que se vayan todos” hablaba por sí solo.

Actualmente nos atraviesa otra ola creciente de despolitización, que se está llevando puestos a ciertos sectores de la sociedad, empezando por el piberío. ¿No será éste el momento de pensar en otro acuerdo, uno que ventile la integralidad de la política y su legitimidad de cara al pueblo? ¿O pretendemos seguir mucho tiempo más así, aplastados en este péndulo de enojo y de polarización que patea para adelante los problemas que sufre la gente de nuestro país?