En una campaña electoral bastante pedorra -de cara a unas elecciones mucho muy importantes para el futuro inmediato de la Argentina-, dos discusiones aparecieron sobre la mesa y pugnan por colarse en la hedionda agenda de los medios hegemónicos y capitanes de la información multi-procesada que consumimos a diario: por un lado, la reducción de la jornada laboral y distribución de horas de trabajo; por el otro, el Salario Básico Universal.

Ambos son impulsados por el universo oficialista en su amplia expresión -y quizá empujados con otra letra por una izquierda que carece de poder para imponer este u otros debates-. La reducción de la jornada laboral apareció en la voz de dirigentes sindicales de la talla de Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA) y otros exponentes de la Corriente Federal de Trabajadores, nucleados en la CGT. Mientras tanto, el debate por el Salario Básico Universal atraviesa a movimientos sociales, actores parlamentarios y funcionarios del Ejecutivo, particularmente al ministro Martín Guzmán, que tras las PASO del domingo próximo deberá presentar el Presupuesto 2022.

Salario Básico Universal (SBU), Renta Básica, Ingreso Universal por Trabajo: la nomenclatura es parte del debate, no porque se trate de una discusión semántica que vaya a dirimirse en un Congreso de Lengua y Literatura, sino porque afecta al sentido mismo de la medida: ¿A qué universo de personas se incluirá? ¿Tiene contraprestación? ¿Es compatible con programas existentes? Estas preguntas, y otras, se traducen en miles de millones de pesos de inversión estatal, y de ahí se desprenderá la real posibilidad de que una gran mayoría de argentinos y argentinas pueda rehuirle a la escasez y a la pulverización de sus ingresos.

No es un asunto de nuestro país, desde luego. La pandemia fue un cimbronazo que sacudió a todo el mundo, y así lo discutía la Subsecretaria General de las Naciones Unidas y directora regional del Programa que creó el organismo para el Desarrollo en Asia y el Pacífico, Kanni Wignaraja:

“(…) Pero debemos plantearlo de un modo diferente al del pasado. No deberíamos verlo ni como una limosna ni como una solución complementaria a las ya existentes. En su lugar, debemos usar la doble crisis para reevaluar dónde seguimos ‘cavando’. Necesitaremos una carga tributaria justa. Los países tendrán que trabajar conjuntamente e intercambiar datos para evitar que las personas y las empresas evadan impuestos. Todos debemos pagar la parte que nos corresponde. Sinceramente, ya no podemos privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.

Para la OIT, hacia mediados del año pasado 1600 millones de personas alrededor del mundo estaban afectadas a esta situación y eran posibles beneficiarias de estas medidas.

En este tablero del terror, Argentina perdió y sigue perdiendo -y realmente mucho-. La semana pasada, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) publicó un informe sobre la economía pre-electoral y lo presentaba con este gráfico:

El nivel del retroceso 2017-2019 salta a la vista y es como un trompazo de Mike Tyson en la mandíbula de los trabajadores: no hay manera de esconderlo. Tampoco hubo forma de escapar a las dificultades que nos presentó el COVID-19, condicionando al Gobierno en relación a la recomposición de salarios, jubilaciones, fortalecimiento de la moneda, reducción de la inflación, etc.

El SBU podría ser un buen salvavidas en esta tormenta, si se empiezan a alinear algunas discusiones que exceden al nombre del programa. Una tiene que ver con el horizonte, la expectativa y el futuro: la vida que queremos, digamos. Hay una discusión abierta de muchos años sobre las posibilidades de crecimiento del empleo privado registrado, en contextos de expansión económica. Considerando momentos de bonanza, condiciones -vaya a saber cuáles- de altas inversiones del empresariado, crecimiento de la industria en todas sus ramas, pero sobre todo en las estratégicas -4.0 y Economía del Conocimiento-. La pregunta sería: ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué cantidad de respuestas es capaz de generar el Estado, para el universo de argentinos y argentinas que rondan los 18 y 65 años y que necesitan trabajar?

En una entrevista de estos días, Victoria Tolosa Paz habló de 33 mil empleos industriales creados en el gobierno de Alberto Fernández -fundamentalmente durante esta última etapa de recuperación-. Acá lo desagrega el CEP XXI (Centro de Estudios para la Producción), dependiente de la cartera de Matías Kulfas, a través de este cuadro que días atrás difundió vía tuit su director, Daniel Schteingart:

Está claro que estos números no alcanzan para dar soluciones aquí y ahora, ¿no? No insistiremos con esto, pero es probable que se necesite el tiempo de una o dos vidas humanas para que el mercado de trabajo absorba esa masa de trabajadores informales, precarizados, cuentapropistas, changarines y otros. “En el largo plazo, todos muertos”, diría Keynes.

La otra arista, es el costo fiscal del asunto. El SBU, que sería considerado por persona -no familiar- implicaría el 30 o 50% del SMVM ($29.160 hoy) y se superpondría con programas sociales de todo tipo. En líneas generales, se destaca el casi millón de beneficiarios/as del Potenciar Trabajo, 1,5 millones de Tarjetas Alimentar, 600 mil del Plan Progresar. Esto, sin contar programas provinciales y municipales. Por supuesto que hay más, pero las confusiones empiezan acá: ¿Por qué contar los casi 4 palos de Asignación Universal Por Hijo (AUH), si sus beneficiarios son menores -aunque los cobren sus madres- y acá estamos hablando de trabajo para el segmento etario 18-65? Fácil. Para darle a la lata del gasto público, lo que hace el Estado con tus impuestos: es caldo de cultivo para esperpentos como Milei o Espert.

Volvamos a lo central, que es la disputa por los recursos escasos: este año, los programas sociales insumen cerca de 500.000 millones de pesos, casi un 6% del Presupuesto vigente y un punto del PBI aproximadamente -o menos-. La discusión es si ampliar o no ese punto a 2 o 2,5, y para eso debe tenerse en cuenta que, si esos ingresos van a leche, harina, carnes, frutas y otros bienes de primera necesidad, el impacto fiscal será menor, por el ingreso tributario que reabsorbe el Estado. 

Todo tiene que ver con todo: mientras más dólares gastemos en achicar los casi 350.000 millones que tenemos de deuda externa, menos para acá. Pero también se trata de construir horizonte, ya no de sumar un programa más a una resolución del Boletín Oficial, o una cifra a una planilla de Excel. Es explicar y demostrar cómo carajo vamos a construir de una vez y para siempre la vida que queremos, sin que se caiga nadie a mitad de camino.

Para que no se nos caiga nadie hay que construir un piso, y para construir un piso hay que romper el chanchito, o que se ponga la gansa, o métale el refrán que más le guste. El tema está bastante claro.