Cuando se piensa en las políticas del kirchnerismo, una de las primeras cosas que se vienen a la cabeza son las medidas que se tomaron en relación a los Derechos Humanos, con el acento puesto en los juicios a los represores. Pero hay un aspecto de este período histórico que quizá no haya sido del todo valorado y que hoy tenemos la posibilidad de rescatar: la perspectiva de género, dentro del amplio campo de la igualdad.
Pongámoslo en contexto: los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner construyeron una retórica política que se sostuvo sobre la reparación de heridas sociales y la promoción de justicia social, y cuyas líneas de acción contaron con el Estado central como gran protagonista. Un Estado que asume la obligación de garantizar derechos y producir equidad, frente a las fuerzas del mercado y de las agencias económicas internacionales como el FMI y el Banco Mundial: actitud contradictoria y antagónica, en relación a los gobiernos que les habían precedido. Siguiendo a Inés Dussel, hay dos rasgos centrales en esta etapa que comienza en 2003: políticas redistributivas y centralización estatal. El kirchnerismo se dio la tarea de poner en entredicho una hegemonía neoliberal que achicaba el margen de acción de la democracia. ¿Tomaba forma esa promesa de la “primavera alfonsinista” sobre que la democracia educaría, daría de comer y curaría? El discurso kirchnerista emparentaría la concepción democrática con la reparación histórica y la ampliación de derechos, en un intento de “desencorsetarla” de su acepción más (neo)liberal: representativa e indirecta.
Es en esta línea de argumentación que podemos colocar un hito sumamente valioso: la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género, el 9 de mayo de 2012. Una norma que no puede ser entendida cabalmente sin asociarla a toda una batería legislativa concebida durante esos años, cuyos ejes eran la igualdad, en general, y la perspectiva de género, en particular. Hagamos memoria juntos/as/es: Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006), Ley 26.364 de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008), Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en sus ámbitos interpersonales (2009), Ley 26.618 de Matrimonio Civil -histórica y popularmente reconocida como ley de matrimonio igualitario- (2010). Estas normativas fueron simbólicas, pero no las únicas de su tiempo que apuntaron a recomponer la justicia social en nuestro país.
Aquí entra a jugar una interesante tensión en torno al concepto de la justicia social. El sociólogo François Dubet advierte que puede ser tomada indistintamente como igualdad de posiciones e igualdad de oportunidades. Dos concepciones que difieren e incluso se enfrentan, si bien ambas buscan reducir la tensión que siempre hay entre la igualdad de todos los individuos y las inequidades sociales existentes. Centrémonos en la igualdad de oportunidades, que es el predominante cuando hablamos de la diversidad. Esta acepción de la justicia social exige considerar las “diversidades”, cerciorándose que estén representadas en todas las escalas de la estructura social, pero sin trastocar la desigualdad de posiciones.
Otra cuestión a resolver es el binomio inclusión/derecho, tantas veces invocado por el kirchnerismo. El filósofo y politólogo Eduardo Rinesi ha dejado entrever las diferencias que existen entre uno y otro. Mientras que la noción de “derecho” construye relaciones igualitarias, la inclusión supone medir con distinta vara, al interior de ese conjunto de individuos. En el contexto de las políticas de igualdad, somos sujetos de derechos que el Estado garantizará que podamos ejercer. Pero las políticas de inclusión problematizaron de otra manera el ejercicio de la justicia social. ¿Qué visibilizaron y potenciaron las leyes inclusivas del kirchnerismo? ¿Con qué límites se encontraron? ¿Habría aborto legal, seguro y gratuito hoy en nuestro país, de no haber atravesado por estas experiencias previas al Ni Una Menos y la “marea verde”? Y entonces, ¿se ampliaron derechos, se diversificaron las oportunidades o se arrimaron algunas posiciones?
Incluir, asistir, otorgar derechos, fueron los imperativos a la hora de atender y comprender la diversidad, en un país que intentaba dejar atrás el fantasma del 2001. Frente a la desigualdad, la injusticia y la exclusión, el gobierno kirchnerista decidió curar algunas heridas que el pueblo traía de arrastre, asumiendo la responsabilidad del Estado de garantizar derechos a todos los habitantes de su suelo, integrándolos como ciudadanos de nuestra nación y proponiendo que la Patria es el otro, leitmotiv que perduraría hasta los últimos días de Cristina en el ejercicio de su gobierno. Un otro que ejerza plenamente sus derechos.
A 9 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el foco de la política debe estar puesto en ver cómo seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Puede que el movimiento feminista junto al colectivo LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales, Intersexuales, Queers) sigan señalando un camino que es posible, otro mundo que está ahí, naciendo un poco todos los días.
