Luego de ocho años de trabajo autogestivo, la Justicia exigió a los cincuenta asociados que producen y comercializan tapas de empanadas, pascualinas y pastas envasadas en La Litoraleña, desalojar la fábrica.
En consecuencia, con una apuesta colectiva y amparados por la modificación de la “Ley de Concursos y Quiebras”, los trabajadores reclamaron incansablemente la posibilidad de comprar el espacio y las maquinarias mediante la compensación de créditos por los salarios e indemnizaciones adeudadas desde 2015 que dejó la patronal.
Sin embargo, la Cámara rechazó la posibilidad de tratar el tema en la Corte Suprema por “no ser ese un tema constitucional, ni de interés social” y, al día de hoy, no queda ninguna instancia judicial a la que se pueda recurrir.
Tras lo sucedido, hablamos con Fabián Pierucci, ex presidente y actual síndico de la cooperativa, quien afirmó que la empresa siempre había confiado en que, manteniendo la fábrica en funcionamiento y preservando los puestos de trabajo, la propuesta de compensación podría ser el cierre definitivo al conflicto judicial. Lamentablemente, esto no pudo llevarse a cabo de ese modo, por lo que se terminó apelando a una resolución política.
Asesorada por varios legisladores, la cooperativa presentó su propio proyecto con respecto a la expropiación, en la mesa de entradas del juzgado. Dice Pierucci: «Son concepciones judiciales clasistas. No creen que sea posible la gestión obrera de producción, pero nosotros estamos demostrando todo lo contrario. Esta es una fábrica que funciona, con un producto de altísima calidad, con gestión democrática, colectiva, exitosa, eficiente. Por ejemplo, al día de hoy, no tenemos un peso de deuda. Lo único que reivindicamos es el derecho a trabajar. Vamos a resistir todo lo que sea necesario, la cooperativa va a seguir, como sea».
Y continúa el entrevistado: «Es una barbaridad desarmar fábricas en buen funcionamiento en Argentina, pero si alguien no ha pisado una fábrica en su vida, es muy difícil pensar los términos de complejidad de un proceso productivo, lo sabe y lo conoce quien está dentro de la fábrica. Cualquier modificación, cualquier innovación, ampliación, desarrollo que se haga, requiere una cantidad de esfuerzo, intelectual, manual, de prueba y error, de ajuste. Ese trabajo es parte de lo que nosotrxs llamamos capital, no solamente la plata es capital. El trabajo acumulado lo es, esta fábrica tiene sesenta años».
En tanto, Ricardo Sueiro, otro asociado a la cooperativa, señaló que a pesar de la incertidumbre, siempre continuaron trabajando con total normalidad: «Nosotros seguimos trabajando, seguimos produciendo y las alternativas las buscamos todas, desde producir en otra fábrica hasta re instalarnos en otro lugar. Buscamos presupuestos, financiamientos, y lo cierto es que la solución más útil sería poder compensar esos créditos y quedarnos en la fábrica, no como propietarios sino como trabajadores. Acá hay mucha maquinaria, no es nada fácil comprarlas, salen fortuna y tampoco las entregan automáticamente. La producción de una sola maquinaria demora un año aproximadamente. Las habilitaciones que requiere alquilar un local para poder producir alimentos, los permisos y los registros de la marca de los productos, no son tarea fácil ni a corto plazo».
Lo cierto es que el proyecto excede al edificio e incluso a la producción de tapas. La fábrica viene con una tradición de «puertas abiertas», es decir que no pertenece a quienes la gestionan, sino a la comunidad misma.
Desde la cooperativa, cualquier decisión se toma en asamblea, pero también existen asambleas informativas destinadas exclusivamente a informar a los asociados sobre determinadas situaciones. Tienen direcciones colegiadas con mandatos prorrogables, y también mandatos periódicos, todos pasibles de cambios y ninguno de los roles de representación es rentado. Intervienen en acciones con las comunidades educativas de todos los niveles, colaboran en proyectos de ley que amplían derechos o favorecen al sector de la economía social y solidaria.
Los integrantes de “La Litoraleña” participaron de debates y foros que se dieron en el marco de la reglamentación de la “Ley de la economía social y solidaria de CABA”, y también del programa de “La Ciudad de Bs.As”, junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para favorecer la distribución de productos cooperativos en barrios populares.
Además, participan activamente dentro de una federación (FACTA) y hasta han ayudado a recuperar nuevas empresas. De este modo, continuarán radicalizando los principios cooperativos, y uno de esos principios será buscar alternativas dentro del sector.
Ellos tienen en claro que no quieren un nuevo patrón pero sí la posibilidad de generar asociaciones, formas de compromiso económico real, que les permitan salir fortalecidos y con la experiencia en funcionamiento. De hecho, durante estos ocho años, hicieron el esfuerzo de incorporar a su cadena de valor, productos cooperativos.
Hoy por hoy, la harina es un producto cooperativo, así como también los productos de limpieza o el diseño del logo. Es decir, gran parte de la comercialización recae en servicios cooperativos. El proyecto de autogestión va a continuar y seguramente, con más fuerza.
Este sábado 15 de julio, los asociados organizan una “Jornada contra el desalojo y por la ley de expropiación a favor de la cooperativa de trabajo La Litoraleña”, con actividades que siguen promoviendo la organización y la lucha colectiva de quienes formamos parte de la economía social, popular y solidaria. El punto de encuentro es la propia fábrica y, con ella, un sinfín de herramientas y maquinaria que no serán más que chatarra para remate, de no concretarse la expropiación de este inmueble, ubicado desde hace más de 50 años en el barrio porteño de Chacarita.
