“El mar es inmenso, el submarino es pequeño”, dijo Macri, y bien podríamos colocar esa frase en una suerte de decálogo desafortunado que lo tiene como protagonista estelar al ex presidente que supimos conseguir los argentinos y las argentinas. Hoy vamos a recordar un episodio trágico, que no está cristalizado del todo en el pasado, porque se sigue desarrollando en este presente: sin ir más lejos, el autor de aquellas palabras mágicas debió comparecer recientemente ante un juez para rendir cuentas en la causa de espionaje ilegal a los familiares-víctimas del ARA San Juan.

Pero rebobinemos la cinta e indaguemos en la tragedia. ¿Qué ocurría, cuatro años atrás? Un submarino con 44 personas a bordo desaparecía en el mar argentino, más precisamente a la altura de Comodoro Rivadavia, en la zona del golfo San Jorge, en el Atlántico sur, a 432 kilómetros de la costa. El ARA San Juan había zarpado desde Ushuaia y emprendía viaje rumbo a Mar del Plata, pero el 15 de noviembre de 2017 dejó de aparecer en los radares de una Fuerza Armada argentina que ya no volvería a tomar contacto con sus tripulantes. Conmoción pública. 

El gobierno de Cambiemos venía de una importante victoria durante las elecciones legislativas celebradas en octubre, y algunas voces ya se atrevían a pronosticar 10 años de una “nueva derecha moderna, democrática y new age”. Pero el consenso duraría poco y el discurso cambiemita tomaría nuevos rumbos, de la mano (dura) de Patricia Bullrich y su accionar como ministra de Seguridad de la Nación. El tristemente célebre caso de Santiago Maldonado expresa que al macrismo no solo le desaparecían submarinos.

Un indicio de lo que pudo haber ocurrido con la nave -volviendo al tema que nos convoca- lo brinda el último contacto con los submarinistas: allí se advertía sobre una filtración en el sistema de ventilación y el posterior cortocircuito y principio de incendio. Bajo la coordinación del sistema Ismerlo (Oficina Internacional de Escape y Rescate de Submarinos), se movilizaron aviones, barcos, submarinos y personal de ejército extranjero durante un lapso de 15 días. Vencido el plazo, el gobierno argentino determinó que ya no había posibilidades de encontrar con vida a los tripulantes y ordenó dar por terminada la búsqueda de los sobrevivientes, otorgando prioridad a las operaciones de hallazgo de la nave. 

En la madrugada del 17 de noviembre de 2018, un año y dos días después de su hundimiento, la Armada argentina confirmó la localización de restos que reunían las características del sumergible. La nave fue ubicada a 900 metros de profundidad y a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Pero, ¿Qué pasó?

La aparición del submarino permitió descartar ciertas hipótesis y avanzar en otras: las teorías que vinculaban la cercanía de las Islas Malvinas con la posibilidad de un ataque externo, fueron desechadas cuando se confirmó que el sumergible estaba siguiendo la ruta programada; luego, la última comunicación que se había tenido con sus tripulantes alimentaba la hipótesis de que el agua filtrada, una vez que tomó contacto con las baterías, habría ocasionado una deflagración de hidrógeno (combustión sin explosión). Si los hechos fueron así, entonces la muerte de los submarinistas fue instantánea. Ya sin conducción humana, la nave se derrumbó y acabó implosionando.

Pero, es preciso identificar las fallas previas y las responsabilidades de semejante tragedia. Desde las usinas del oficialismo, culpaban a quienes ocultaron información sobre el estado del sumergible, que evidentemente no estaba en condiciones de navegar. Luego adujeron que sus tripulantes subestimaron el incendio en las baterías. Y, como no podía ser de otra manera, acusaron a la gestión anterior por una supuesta deficiente reparación de la flota (entre 2008 y 2014). Hacerse cargo nunca formó parte del vocabulario cambiemita. 

El hundimiento del ARA San Juan tiene una causa judicial en curso, con cuatro procesados: Luis López Mazzeo, ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones. 

En noviembre de 2020, López Mazzeo reveló a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que el gobierno argentino supo la ubicación del submarino 20 días después de su desaparición. El buque chileno Cabo de Hornos logró su localización, y el capitán en retiro de la Armada chilena, César Miranda, ratificó la información. La mencionada Cámara, tras este testimonio, requirió profundizar la investigación sobre el ex presidente Mauricio Macri y centrar la pesquisa en torno a las responsabilidades del ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur. 

En la actualidad, todos los flashes alumbran la indagatoria por la causa de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, pero no hay que perder de vista la “otra” causa, primigenia y elemental: si hay Justicia para los tripulantes del ARA San Juan y reparación para sus familiares, será ahí, en el marco de ese proceso judicial. Los tiempos son lentos, sí, pero un día saldrá a flote la verdad.