Los debates sobre federalismo en nuestro país son más viejos que los árboles, y tienen muchos y diversos aspectos por donde poderle entrar. En notas de esta misma columna, hemos estado escribiendo sobre cuestiones económicas, políticas, demográficas, y a menudo hemos hecho hincapié en las insólitas maneras que tenemos de distribuir y de comercializar los productos de nuestro territorio. 

En esta ocasión, vamos a meternos con otra arista de estos contrastes argentos. Días atrás, leí una noticia que refería a un pedido de democratización de la pauta publicitaria, y ahí mismo se hablaba de un documento presentado para su tratamiento parlamentario, que había sido firmado por más de 190 medios a lo largo y ancho de la República Argentina. Es un llamado a la legislación del tema, anclando en la necesidad de avanzar en una distribución más equitativa de la pauta. El documento, presentado por mesa de entradas del Congreso Nacional, consta de 12 puntos que fueron consensuados con un criterio federal y bajo la premisa de que “democratizar la pauta, es generar trabajo”. 

Ahora, ¿por qué se exige esta democratización? Se han considerado diversos relevamientos, cuyos resultados parecen coincidir: el 76% de la pauta oficial en Argentina, fue asignada durante el año 2020 a empresas radicadas en CABA, en tanto que solo el 1,7% del total se destinó a medios cooperativos y alternativos. Emerge con fuerza un primer dato, al menos llamativo, sobre los criterios que se tienen en cuenta a la hora de la distribución.  

La publicidad oficial es una herramienta estatal que significa, para la gran mayoría de los medios, la posibilidad concreta de desarrollar sus producciones, sean estas radiales, audiovisuales o gráficas. Estando como está, concentrada en tan pocas manos, se esfuma la posibilidad de que una cantidad más grande y plural de medios pueda acercarse a la comunidad y generar un ida y vuelta con su gente. Se pierde la oportunidad de elevar el nivel del debate y de la comunicación, en tanto que se obtura la diversidad de opiniones, de experiencias, y la chance de que cada habitante de nuestro país pueda consumir contenidos producidos y elaborados en sus cercanías. 

Se preguntarán por qué me detengo en esto último. Bueno, miren lo que escribíamos, algunas crónicas atrás: “Muchas veces hemos mencionado -retomando el hilo de las situaciones insólitas- lo alienante que puede llegar a ser que la televisión encendida en un bar de Iruya, o de Comodoro Rivadavia, esté meta hablar del paro de subtes en la city porteña”. ¡Y ni hablemos de cuando nos dicen los noticieros cómo estará el clima durante las próximas horas! Entonces, hay un hecho concreto, y es que en cualquier rincón de nuestra patria se consume información hecha por empresas periodísticas porteñas, a la altura de las necesidades y los gustos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Por loco que pueda sonar, esto es así.

Detrás de esta realidad, afloran las condiciones actuales de la adjudicación de la pauta distribuida por el Estado nacional, que tan poco margen les deja a las cooperativas de medios y a las emisoras locales y regionales. Se produce una asfixia que irradia igual que el Covid-19: desde la Ciudad de Buenos Aires y hacia el mal llamado Interior. Así las cosas, cobra relevancia la necesidad de democratizar las condiciones y las herramientas que bajan desde el Estado, para que el abanico de medios autogestivos, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, pueda participar en un terreno de mayor equidad en relación con las empresas privadas, para producir contenidos genuinos y generar puestos de trabajo, allí donde sea que están.

Hace unos años, se realizó una encuesta en un pueblo muy pequeño de Chile. Se les consultó a sus habitantes cuáles eran sus principales preocupaciones. Para sorpresa de los encuestadores, la mayor preocupación resultó ser la inseguridad. Los índices de inseguridad eran, desde luego, prácticamente inexistentes. El problema era el de siempre: los medios y los noticieros que consumían allí eran hechos desde Santiago de Chile y describían lo que ocurría en la capital trasandina. Así y todo, conseguían alterar profundamente los sentidos y los nervios de la gente del lugar.

Cada región de la Argentina, de más está decirlo, tiene sus propias problemáticas, sus intereses genuinos, sus gustos y tradiciones particulares, que no tienen por qué estar alineados con el discurso y la agenda impuesta por un grupo de grandes medios que, insistimos, dialoga exclusivamente con los habitantes de una porción muy pequeña de nuestro país. Es ahí donde debe regular el Estado, para garantizar la presencia de espacios mediáticos y culturales diversos, que puedan gestionarse y sostenerse en el tiempo, hablándoles a los suyos y dignificando la noble tarea de la comunicación. Para eso, avanzar en la democratización de la pauta, parece ser un paso elemental.